Congreso aprueba nueva reforma tributaria del gobierno Duque

En tres años el presidente Iván Duque ha reformado el sistema tributario igual número de veces, si contamos con el más reciente respaldo que el Congreso de la República ha dado al paquete normativo que busca recaudar $15,2 billones de pesos para reactivar la economía después de la pandemia.

A diferencia de la orquestada por el ministro Alberto Carrasquilla y que terminó derrotada en parte a la presión de manifestaciones populares, la reforma concebida por su reemplazo, José Manuel Restrepo, impuso a las empresas el mayor peso para soportar la crisis de ingresos.

El impuesto de renta para el sector empresarial, que ya había sido modificado en 2019 y determinó una tasa del 31% para 2021, ahora será del 35% a partir de 2022. Los bancos y entidades financieras tendrán una sobretasa adicional del 3% hasta el 2025, llegando así al 38%. Con esto, las arcas estatales esperan recibir $6,7 billones adicionales, más $415.000 millones cortesía del sistema financiero.

En un sentido más amplio, se creó el impuesto complementario de normalización tributaria, el cual busca que aquellos que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes, regularicen su situación a una tasa descontada del 17%. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, la medida podría significar $300.000 millones adicionales en 2021 y $360.000 millones en 2022.

El otro pilar de ingresos, aunque más abstracto y cuyo potencial es un poco más difícil de cuantificar, tiene que ver con la reorganización estatal. Primero, introdujo mecanismos de avalúo y procesos administrativos encaminados a facilitar la administración y disposición de bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales, responsable de enajenar patrimonios con extinción de dominio.

En segundo lugar, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales quedará equipada con mayores herramientas para detectar y atacar la evasión. Las más importantes están relacionadas con el sistema de facturación electrónica y el cruce e intercambio automático de información con registros administrativos nacionales e internacionales.

También se introdujo la figura de “beneficiario final” con el ánimo de crear un Registro Único de Beneficiarios Finales, que dará seguimiento a las personas naturales que utilizan a terceros para realizar transacciones. Esto incluye el control sobre las actuaciones de personas jurídicas o cualquier estructura independiente de su personería. De ser efectivo, este paquete podría significar ingresos por $2,7 billones anuales.

Por último, está el plan de austeridad y eficiencia del gasto. Durante los próximos 10 años el gobierno de turno tendrá la facultad de reglamentar una hoja de ruta anual de austeridad que puede incluir, entre otras cosas: limitantes en la compra de bienes y servicios, reducción de gastos de representación y viajes, manejo del presupuesto destinado a gastos de papelería, publicidad, o cualquier otro de tipo administrativo o de funcionamiento. La ley establece una meta de ahorro mínima de $1,9 billones anuales en promedio de aquí al 2032.

Pero más allá de los ingresos o la meta de recaudo, quizá lo que más resalta de esta reforma es la instauración o ampliación mediante ley de la república, de iniciativas sociales de apoyo a población vulnerable. Esto hace mucho más difícil su desmonte y compromete la apropiación de los recursos necesarios.

Así las cosas, el Programa de Ingreso Solidario estará vigente hasta diciembre de 2022, con posibilidad de ser extendido. En materia de empleo, amplió el Programa de Apoyo al Empleo Formal hasta diciembre de 2021, donde el Estado trasfiere el 40% de un salario mínimo por cada empleado a las empresas que certifiquen una reducción del 20% o más en sus ingresos. Sin embargo, para esta nueva etapa solo podrán postularse aquellos que tengan 50 empleados o menos con corte a marzo de 2021, con lo que se busca enfocar el apoyo a las compañías más pequeñas.

No obstante, si una empresa, independientemente de su tamaño, logra certificar un descenso en sus ingresos del 20% o más respecto a marzo de 2021 como consecuencia del paro nacional, podría acceder a un subsidio del 20% del valor de un salario mínimo.

Igualmente, formalizó el incentivo a la creación de empleo juvenil iniciada con el decreto 688 de 2021, con el cual el gobierno trasladará a la empresa el 25% de un salario mínimo, y hasta por 12 meses, por cada trabajador entre los 18 y 28 años que adicione a su nómina, comparado con el tamaño de planta formal que tenía en marzo de 2021.

En caso de que el empleado nuevo no esté dentro del rango de edad para ser considerado joven, el incentivo será del 10% de un salario mínimo si se contrata un hombre, o 15% si es una mujer, siempre y cuando este devengue menos de tres salarios mínimos. Este programa estará vigente hasta agosto de 2023.

Finalmente vale la pena mencionar la exención del pago de IVA e impuesto al consumo de los bares y restaurantes durante 2022, solo si son contribuyentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación.

Es innegable la naturaleza social que esta reforma tiene. A todas luces, busca mitigar el choque ocasionado por la pandemia y los subsecuentes desavenimientos populares que llevaron a un paro nacional que todavía tiene consecuencias. Tal vez medidas populares como la matrícula cero para estudiantes de instituciones públicas de estratos 1, 2 y 3 subsistan (es de las pocas que no tiene caducidad por el momento), pero solo el tiempo dirá si la reorganización estatal dará los frutos esperados.

A pesar de ello, en T&S Temservice somos optimistas y esperamos que estos esfuerzos tengan un impacto duradero sobre aspectos macroeconómicos clave como el endeudamiento, la productividad y el desempleo. En consecuencia, estamos listos para proveer soluciones, y escuchar las necesidades en talento humano de las compañías que decidan jugársela por el crecimiento del país.



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